El empréstito por $508 millones fue dictaminado el 4 de agosto con la aprobación de nuevas restricciones sobre su uso por los diputados de la Comisión de Hacendarios.
Los diputados de la Comisión de Hacendarios dictaminaron afirmativamente el expediente 22.018. Autorización al Gobierno de Costa Rica para la contratación de un crédito por medio del instrumento de financiamiento rápido (IFR) con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para apoyo presupuestario en la atención de la emergencia Covid-19.
El préstamo inicialmente es por 504 millones de dólares, pero por el tipo de cambio el monto ya llega a los 515 millones de dólares, los cuales serán entregados en un solo tracto.
Otra de las características del crédito es que es suministrado por la vía de Instrumento de Financiamiento Rápido lo cual le permite al país su utilización en necesidades urgentes como catástrofes naturales, situaciones de conflicto y posconflicto, y emergencias debidas a situaciones de fragilidad.
El crédito permite la sustitución de fuente de financiamiento ante la disminución de los ingresos tributarios lo cual evita la emisión de títulos valores en el mercado financiero interno.
Antes de darle trámite los legisladores aprobaron una moción que obliga a girar al menos un 10% de los recursos a la Caja de Seguro Social para amortizar parte de la deuda que el Estado tiene con esa institución.
En efecto, la restricción fue incluida en el dictamen de mayoría aprobado esta tarde y que incluye también el traslado de $50.8 millones a la Caja Costarricense de Seguro Social, tal y como acordó el Gobierno con la institución para todos los créditos que se aprueben este año.
Los legisladores discutieron estas condiciones con la ministra de Planificación Pilar Garrido, quien compareció esta tarde ante la comisión precisamente para referirse a este empréstito, señalado como “la llave” de Costa Rica para acceder a un acuerdo “stand-by” con el FMI.
Garrido prometió a los diputados que una vez se aprobara este crédito e iniciara la discusión de ese acuerdo de giro sería posible la definición de una mejor ruta de financiamiento y manejo fiscal para los meses venideros.
Detalles
El préstamo con el Fondo se tramita bajo la figura del Instrumento de Financiamiento Rápido, que propone un giro rápido en un plazo corto y a una baja tasa de interés.
Este crédito tendrá un interés anual de 1,55% y un plazo de cinco años, con pagos trimestrales a partir de 3¼ años del desembolso, que se realizará en un solo tracto.
Es uno de los ocho empréstitos que hacen fila en la Asamblea Legislativa por un monto que supera los $2.500 millones y que van orientados al canje de deuda, la atención de la emergencia del COVID-19 y ahora al traslado de recursos a la CCSS.
Uno de estos, además, es el que impulsará el proyecto de “Hacienda Digital”, que pretende modernizar los sistemas del fisco para reducir la elusión y evasión fiscal.
Además de ese traslado de 10% a la Caja, los legisladores aprobaron una moción que permitirá al Ejecutivo, vía decreto, realizar las modificaciones necesarias en los presupuestos ya aprobados para que estos dineros e utilicen en lugar de la emisión de nuevos bonos de deuda interna (más cara).
Eso sí, el destino de esos fondos aprobados en los presupuestos deberá mantenerse. El proyecto llegará así al Plenario para su discusión y aprobación.
Una vez que sea votado el Gobierno iniciará la negociación del “stand-by”, la principal apuesta de la administración para el financiamiento de los próximos años.
Ese acuerdo será por $2.250 millones en tres depósitos anuales de $750 millones y traerá consigo una serie de compromisos para el país.
El ministro de Hacienda, Elian Villegas, reveló este lunes a los diputados que la propuesta se “socializará” con los diferentes actores a partir de esta semana, pero tanto él como Garrido se negaron a dar detalles de ese proceso o de lo que ya se ha discutido sobre le acuerdo.
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